A la cárcel fue enviada la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez por el Juez 35 con función de garantías de Bogotá por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

“La medida más eficaz e idónea es la reclusión en establecimiento carcelario", dictaminó el funcionario judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, en caso de quedar en libertad, la exgobernadora podría afectar el proceso penal a su favor por el poder político que tiene en el departamento y la influencia en la administración de justicia de La Guajira.

Los hechos que fundamentaron la investigación judicial se originaron en el año 2011, en el municipio de Albania cuando Pinto Pérez se desempeñaba como Alcaldesa.

Allí fueron denunciados actos de corrupción en convenios interadministrativos suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos.

Insistió en que "la procesada dominó y determinó la voluntad  del alcalde de Albania, Yan Keller Hernández, funcionarios de  este municipio y otros contratistas de la ESE Hospital San Rafael".

Pinto Pérez fue imputada por la Fiscalía de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

De la misma manera, advirtió el fiscal del caso adscrito a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción,  que la exmandataria habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad en esta sección del país.

“Los derechos de los menores están protegidos por la Carta Política y son derechos superiores contemplados en tratados internacionales", subrayó el delgado acusador al respecto.